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Gracias a nuestra experiencia como abogados expertos en delitos contra la Administración Pública, somos capaces de representar a nuestros clientes en procedimientos penales relacionados con cohecho.
¿Qué es el delito de cohecho?
A pesar de ser un delito poco conocido por la mayoría de personas, el cohecho supone un delito grave que afecta directamente a la Administración Pública, según el artículo 419 de nuestro Código Penal.
El delito de cohecho se configura cuando una autoridad pública en funciones pide o realiza una acción en beneficio de otro omitiendo responsabilidades inherentes a su cargo público.
Una de las características esenciales de este acto delictivo es la existencia de dolo por parte de su autor, pues siempre se encuentra en conocimiento de estar ejecutando una acción ilegal.
Teniendo en consideración lo anterior, no es posible justificar la conducta imprudente cuando se trata de delito de cohecho en España.
La finalidad de la regulación de este delito es conseguir que los funcionarios públicos cumplan sus funciones tal y como lo establece la legislación vigente.
A decir verdad, no es indispensable que exista un acuerdo real entre un funcionario y otra persona para que se consuma el delito, sino la mera manifestación de aceptar la retribución.
Al estar involucrado en un procedimiento penal de este tipo, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especialista en cohecho.
¿Por qué contratar un abogado especialista en cohecho?
El delito de cohecho es uno de los más complejos en cuanto a delitos contra la Administración Pública. Dada la gravedad de las acusaciones relacionadas con este acto delictivo, contar con un profesional experto en la legislación vigente es crucial para asegurar una defensa robusta.
Un abogado especializado comprende a fondo las disposiciones legales pertinentes y las interpretaciones jurídicas específicas que rigen el cohecho en el marco legal español.
Esta especialización permite al abogado formular estrategias de defensa adaptadas a las particularidades del caso. De igual modo, un abogado considera aspectos como la tipificación exacta de la conducta, la cuantificación del beneficio, y la identificación precisa de los actores involucrados.
Asimismo, el abogado especialista en cohecho puede asesorar sobre posibles atenuantes o circunstancias que puedan influir en la gravedad de la acusación, así como en la determinación de las sanciones correspondientes.
¿En qué casos se absuelve el delito de cohecho?
A pesar de la complejidad e implicaciones del delito de cohecho, existe una excusa en la que el imputado puede ser absuelto. Esta situación surge cuando el funcionario recibe un soborno de un particular, pero denuncie el hecho en un plazo máximo de 2 meses.
Además, para que sea posible optar por la absolución en estos casos; es indispensable que no se haya abierto un procedimiento penal correspondiente a la investigación de este delito.
Es necesario contar con un abogado penalista antes de proceder a denunciar un presunto delito de cohecho. La asistencia de un profesional en este ámbito es clave para obtener los mejores resultados.
¿Puedo ir a la cárcel por un delito de cohecho? Consulta con un abogado
Según la legislación vigente en España, el delito de cohecho se castiga con pena privativa de libertad de hasta 6 años, así como una multa por un lapso máximo de 24 meses.
Cuando se trata de delito de cohecho activo, en que el particular tiene total responsabilidad del acto delictivo, se imponen las mismas penas anteriores.
¿Una persona jurídica puede cometer delito de cohecho?
La normativa contempla también el delito de cohecho por personas jurídicas. En estos casos se aplican penas de cárcel de hasta 5 años y multa por el mismo tiempo. Cuando la dádiva recibida es mayor, la multa se triplica o se quintuplica.
Cuando la pena de cárcel es mayor de 2 años y menor de 5 años, las multas se imponen por un plazo de hasta 3 años.
¿Si no soy funcionario público puedo cometer un delito de cohecho?
Quien no sea autoridad o funcionario, también puede cometer delito de cohecho pasivo. Esto ocurre al ofrecer una dádiva a un funcionario. Si la persona física, que accede a la petición del funcionario procede a denunciar este acto, será exento de responsabilidad.
En este caso, es necesario que el ciudadano denuncie antes de dos meses y, que para entonces, no haya ningún procedimiento judicial abierto por ese caso.
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