Como abogados expertos en delitos contra la Administración Pública, nos enfrentamos constantemente con casos penales de malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Estos son delitos graves que atentan contra la integridad de las instituciones públicas y la confianza ciudadana. Nuestra labor es profundamente técnica y requiere un conocimiento especializado del derecho administrativo y penal.
Expertos en delitos contra la Administración Pública
La malversación de caudales públicos es un delito regulado en el artículo 435 del Código Penal que implica la apropiación o el uso indebido de recursos del estado español por parte de los funcionarios públicos. Este tipo de conducta no solo es ilegal, sino que erosiona los cimientos de la confianza pública en la gestión de los recursos de todos los ciudadanos. En nuestra práctica jurídica, defendemos y asesoramos a clientes acusados de este delito contra la Administración Pública, asegurándonos de que tienes un proceso justo.
La prevaricación del artículo 404 y siguientes del Código Penal, por otro lado, ocurre cuando un funcionario público emite una resolución arbitraria en un asunto administrativo, sabiendo que dicha resolución es injusta. Es un delito que va en contra del deber de objetividad que deben mantener los servidores públicos. En estos casos, trabajamos para descubrir lo que ha sucedido y presentar alegaciones que demuestren la inocencia de nuestros clientes.
El cohecho del artículo 419 y siguientes del Código Penal, es otro delito frecuente en nuestra área penal y se refiere al acto de sobornar a un funcionario público para obtener un beneficio.
El tráfico de influencias es un delito que consiste en influir en funcionarios públicos aprovechando situaciones de poder o conexiones para obtener un beneficio directo o indirecto. Es una forma de corrupción que afecta la imparcialidad de la Administración Pública y el principio de igualdad. Nuestro enfoque se centra en desmontar las acusaciones y buscar pruebas que acrediten la inocencia de nuestros clientes.
Expertos en delitos contra la Administración Pública
Como abogados expertos en delitos contra la Administración Pública, nos enfrentamos constantemente con casos penales de malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Estos son delitos graves que atentan contra la integridad de las instituciones públicas y la confianza ciudadana. Nuestra labor es profundamente técnica y requiere un conocimiento especializado del derecho administrativo y penal.
La malversación de caudales públicos es un delito regulado en el artículo 435 del Código Penal que implica la apropiación o el uso indebido de recursos del estado español por parte de los funcionarios públicos. Este tipo de conducta no solo es ilegal, sino que erosiona los cimientos de la confianza pública en la gestión de los recursos de todos los ciudadanos. En nuestra práctica jurídica, defendemos y asesoramos a clientes acusados de este delito contra la Administración Pública, asegurándonos de que tienes un proceso justo.
La prevaricación del artículo 404 y siguientes del Código Penal, por otro lado, ocurre cuando un funcionario público emite una resolución arbitraria en un asunto administrativo, sabiendo que dicha resolución es injusta. Es un delito que va en contra del deber de objetividad que deben mantener los servidores públicos. En estos casos, trabajamos para descubrir lo que ha sucedido y presentar alegaciones que demuestren la inocencia de nuestros clientes.
El cohecho del artículo 419 y siguientes del Código Penal, es otro delito frecuente en nuestra área penal y se refiere al acto de sobornar a un funcionario público para obtener un beneficio.
El tráfico de influencias es un delito que consiste en influir en funcionarios públicos aprovechando situaciones de poder o conexiones para obtener un beneficio directo o indirecto. Es una forma de corrupción que afecta la imparcialidad de la Administración Pública y el principio de igualdad. Nuestro enfoque se centra en desmontar las acusaciones y buscar pruebas que acrediten la inocencia de nuestros clientes.
Te ayudamos
En cada uno de estos casos, nuestra práctica legal se centra en la exhaustiva investigación de los hechos, la meticulosa revisión de la documentación y la sólida argumentación jurídica.
En resumen, como abogados penalistas en Madrid especialistas en delitos contra la Administración Pública, defendemos a individuos en el ámbito judicial para lograr el esclarecimiento de los hechos y proponer una estrategia de defensa ganadora.