El principio de proporcionalidad, en temas penales, implica una gran variedad de dudas, debido a su complejidad. En este artículo, te explicamos de qué se trata y qué importancia tiene al momento de establecer las penas por la comisión de delitos.
Principio de proporcionalidad: definición
Según la Real Academia Española, el principio de proporcionalidad en cuanto al Derecho Penal, se trata de la aplicación de los castigos correspondientes a cada acto criminal, en función de la gravedad de los mismos.
En otras palabras, el juez aplica sanciones acogiéndose a la proporcionalidad delictiva que se establece en nuestro Código Penal. Lo anterior quiere decir que ningún crimen puede castigarse con una pena superior o inferior a la que dicta la ley, considerando sus atenuantes y agravantes.
Vale decir que este principio también se aplica en supuestos de medidas de seguridad y cautelares. En este contexto, se considera la peligrosidad de la persona implicada y el riesgo para la víctima. Para entender esto de mejor forma, se puede decir que este principio funciona de dos modos:
- Al momento de interponer una pena o una medida de seguridad para un crimen particular.
- Cuando la autoridad correspondiente aplica la sanción o medida cautelar, basándose en una específica que ofrece la horquilla del CP.
Importancia del principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad es realmente importante para el Derecho Penal en España, pues permite evitar que las penas sean desproporcionadas. De ser así, otros poderes públicos tienen derecho a intervenir con el objetivo de salvaguardar el derecho de las personas a recibir una sanción justa.
Algunos de los efectos más importantes de la aplicación de este concepto son:
Salvaguardo de los derechos fundamentales:
El principio de proporcionalidad es crucial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Con el objetivo de prevenir que se vulneren derechos, las autoridades públicas están obligadas a imponer penas proporcionales y adecuadas. Este aspecto es uno de los más cruciales que defiende el artículo 1 de la Constitución Española.
Regulación de la Administración Pública:
La implementación de este principio, permite al Estado mantener un control claro y equitativo de las acciones de la Administración Pública. En tal sentido, se exige que sus actos sean pertinentes y, por supuesto, justificados. En el caso de que la Administración no se acoja a este principio, es posible optar por la impugnación ante el tribunal competente.
Limitación de poderes punitivos del Estado:
Al tener en consideración el principio de proporcionalidad, se previene la aplicación de castigos excesivos. Gracias a esto, se garantiza el derecho a una representación judicial efectiva, respetando, además, la legalidad en todos los procesos llevados a cabo.
Regulación del principio de proporcionalidad
A pesar de que el principio de proporcionalidad es uno de los más relevantes y destacados en España, no hay ningún artículo del CP u otras leyes que lo regulen.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, se ha considerado que su tratamiento legal deriva de lo expresado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, así como en otros apartados de los artículos 15, 17.1 y 55, respectivamente.
Por otro lado, es imprescindible mencionar que, el Tribunal Constitucional ha emitido diversos criterios de su esclarecimiento en el artículo 25.1 de la Constitución, manifestándose, tanto a favor como en contra.
¿Es posible iniciar una demanda en contra de la autoridad por incumplimiento del principio de proporcionalidad?
La respuesta es sí. La normativa vigente en España permite que el incumplimiento del principio de proporcionalidad, sea motivo de demanda. La denuncia puede llevarse a cabo cuando una persona física o jurídica considera que se ha impuesto una pena desproporcionada al delito cometido.
Con respecto a esto, es necesario que al interponer la demanda, se presenten las pruebas que ratifiquen que el castigo impuesto no es el adecuado para el contexto específico. Una de las recomendaciones más importantes, antes de iniciar estos procesos, es contratar un abogado penal con experiencia que te pueda orientar.
Organizar la demanda y recolectar todas las evidencias correspondientes es un paso clave, para el que un jurista experto en Derecho Penal es indispensable.
