El delito de tráfico de influencias atenta directamente contra la Administración Pública y se lleva a cabo prevaliéndose con el fin de obtener un beneficio monetario mediante una sentencia.
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El delito de tráfico de influencias en el Código penal
El artículo 428 de nuestro Código Penal condena el delito de tráfico de influencias con gran rigurosidad. Según la normativa vigente, este crimen ocurre cuando una autoridad o funcionario público influye en otro con la finalidad de conseguir un beneficio económico.
Cabe mencionar que un particular también puede incurrir en un delito de este tipo contra la Administración. Independientemente del caso, la ley establece sanciones de hasta 2 años de privativa de libertad y multas equivalentes al doble de la cuantía recibida.
Encontrarse en un procedimiento penal relacionado con esta conducta criminal resulta bastante complejo si no tienes los conocimientos legales correspondientes. Cualquier error puede ser crucial en la sentencia final del Juez. Por tanto, si estás siendo investigado, debes contratar un abogado con especialidad en la parte de corrupción.
¿Qué se sanciona en el delito de tráfico de influencias?
En el contexto del tráfico de influencias, se castigan diferentes conductas que son las siguientes:
- La influencia de un particular o funcionario público sobre otro funcionario o autoridad para que emita una sentencia en su favor que suponga un beneficio monetario.
- El ofrecimiento de un funcionario público o de una autoridad para emitir una sentencia en beneficio de una persona con el fin de recibir dinero o cualquier otra prestación.
Elementos del delito de tráfico de influencias
Si hay algo que debemos tener claro con respecto al derecho penal es que es uno de los más amplios y complejos en España. En vista de ello, es indispensable que para atender delitos específicos, precises el asesoramiento de un abogado con especialidad en casos como el tuyo.
Para que el tráfico de influencias sea punible, es obligatorio que concurran una serie de requisitos. En este sentido, un letrado especializado, puede indagar en estos aspectos a fin de desestimar una investigación por falta de elementos probatorios, por ejemplo. Estos elementos claves son:
- El acto debe llevarse a cabo con ánimo lucrativo con prevalimiento.
- Debe ser ejecutado por quien mantenga una posición de superioridad ejerciendo una presión moral del cargo.
Penas por delito de tráfico de influencias
Las penas se aplican en función del autor del delito y la complejidad de la acción. Cuando el crimen es ejecutado por un funcionario público, la ley establece las siguientes sanciones:
- Cárcel por 6 meses a 2 años.
- Multa al doble a la cuantía obtenida o solicitada.
- Prohibición para ocupar cargos públicos por un período de 5 a 9 años.
- Prohibición para ejercer el sufragio pasivo por un plazo de 5 a 9 años.
Si el delito corresponde a un particular, las penas que estipula la ley son estas:
- Cárcel por 6 meses a 2 años.
- Multa al doble a la cuantía obtenida o solicitada.
- Restricción para contratar cualquier servicio derivado del sector público.
- Imposibilidad para recibir subvenciones y ayudas públicas por hasta 10 años.
Responsabilidad penal para personas jurídicas por tráfico de influencias
El artículo 430 de nuestro Código Penal refiere que las personas jurídicas también pueden ser castigadas penalmente por este crimen. Es importante destacar, por otro lado, que el artículo 66 bis del CP, destaca la obligatoriedad de ciertos elementos para aplicar las penas, que son los siguientes:
- Imperatividad de evitar que el delito se siga cometiendo.
- Evitar las consecuencias sociales y financieras para los empleados.
- El cargo de la persona física culpable formaba parte de la persona jurídica.
Teniendo esto en consideración, las penas que se aplican en función del artículo 33.7 bis del Código Penal son las siguientes:
- Disolución de la empresa o persona jurídica.
- Prohibición de actividades de la compañía por un lapso menor a 5 años.
- Cierre de establecimientos por menos de 5 años.
- Suspensión de cualquier actividad próxima en que el delito sea favorecido.
- Inhabilitación para recibir ayudas públicas, para realizar contrataciones del sector público y para ser beneficiados por la Seguridad Social.
- La intervención judicial para proteger los derechos de los empleados y acreedores por un período no mayor de 5 años.
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