Los delitos de lesa humanidad implican gran complejidad en la legislación española, dadas las circunstancias en que se cometen.
Cabe precisar que, este tipo de actos criminales tienen repercusión tanto en el sistema legal español como internacional. Veamos todos los aspectos claves en el siguiente artículo.
¿Cuándo ocurre un delito de lesa humanidad?
Anteriormente, la normativa en España no hacía alusión a los delitos de lesa humanidad, sino hasta el año 2003, cuando se incorporó un nuevo capítulo relacionado en el Código Penal.
Gracias a su regulación legal, se habla de un delito como este cuando se causa un daño con afectación grave derivado de un ataque a un grupo, en particular de la población civil.
Vale decir que, estos crímenes son organizados por diversos motivos, como por ejemplo, ser parte de colectivos o un sistema de dominación sobre otro grupo.
Los delitos que se contemplan dentro de este grupo, se regulan en el artículo 607 bis del CP. Según la normativa vigente son todos los crímenes que afectan contra:
- La vida.
- Integridad moral, sexual o física.
- Libertad individual en cualquier orden.
En cuanto a esto, es imprescindible destacar que los motivos que sustentan la comisión del delito de lesa humanidad, se consideran inadmisibles por la comunidad internacional. En este contexto pueden ser:
- Étnicos.
- Raciales.
- Políticos.
- Nacionales.
- Religiosos.
- Culturales.
- De discapacidad.
- De género.
Dónde y cómo se regulan los delitos de lesa humanidad en España
En función de lo establecido en el artículo 607 de nuestro Código Penal, los delitos de lesa humanidad se ejecutan contra la población civil, para lo que concurren circunstancias particulares:
- Pertenecer a un grupo perseguido: cuando la víctima forma parte de algún grupo colectivo cuya persecución surge por razones religiosas, políticas, culturales, étnicas y de cualquier otro índole, rechazadas por el derecho internacional.
- En el marco de un régimen opresor: en el supuesto que se pretenda perseguir a un grupo con la finalidad de mantener el régimen.
Igualmente, según la legislación actual, para que se consideren como tal, los delitos de lesa humanidad deben causar perjuicios específicos, que son los siguientes:
- Lesiones.
- Violación.
- Deportación sin justificación legal.
- Agresión sexual.
- Embarazo forzado.
- Detención ilegal.
- Desaparición forzada.
- Tortura.
- Explotación sexual.
- Esclavitud.
En consecuencia de lo anterior, estas acciones se tipifican en la ley como delitos graves y su castigo dependerá de la gravedad de las acciones cometidas. De ocasionar la muerte a la víctima, se condenará a pena privativa de libertad permanente revisable.
Por otro lado, independientemente del tipo de delito de lesa humanidad, se impondrá la inhabilitación especial para ejercer profesionales inherentes al sector educativo o deportivo por un período de 3 a 5 años a la extensión de la pena de cárcel de la sentencia.
Enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad
Cuando se trata de un delito de lesa humanidad, la participación de la Corte Penal Internacional es crucial. En este sentido, es imperativa la colaboración entre esta institución y los organismos locales.
En cuanto a los procesos de cooperación de la Corte Penal Internacional y órganos locales, se regulan mediante la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional es una institución internacional autónoma conformada para velar por el cese de los crímenes que atentan contra la comunidad internacional, en general.
Dicha entidad es competente para tener participación en procesos penales que impliquen el enjuiciamiento de delitos graves con implicaciones internacionales.
La actuación de esta organización es clave, pues actúa en consonancia con los organismos jurisdiccionales.
Quiénes enjuician delitos de lesa humanidad
Tanto la Corte Penal Internacional, como los estados que forman parte del Estatuto, se encuentran en competencia para llevar a cabo procesos de enjuiciamiento de este tipo.
La Audiencia Nacional es el organismo encargado en España de efectuar estos procedimientos legales. De igual modo, el Ministerio de Justicia queda a cargo de las relaciones directas con la Corte.
En este último punto, es importante destacar que es imprescindible contar con la revisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos que corresponda.
